En el marco del Proyecto Trama, iniciativa conjunta de Renca, Quinta Normal y Maipú, el encuentro reunió en La Fábrica de Renca a representantes de los Centros Cívicos por la Paz de Costa Rica y de Pronasci Juventude de Brasil, junto a autoridades, academia y sociedad civil.
Renca, 5 de noviembre de 2026. En un debate sobre seguridad dominado por las respuestas punitivas, alcaldes, parlamentarios, ex autoridades y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en La Fábrica de Renca, convocados por el Proyecto Trama, para conocer dos experiencias latinoamericanas que han puesto a los jóvenes en el centro de la prevención.
La jornada se realizó un día después de que el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, informara que entre enero y agosto de este año cerca de 23.000 niños, niñas y adolescentes figuraron como victimarios de delitos, el porcentaje más alto de los últimos nueve años. El propio subsecretario advirtió que el reclutamiento ya ocurre en espacios que antes se consideraban protectores, como el colegio y la familia. Frente a ese escenario, los participantes coincidieron en que el desafío está en llegar antes, y en que la prevención temprana y el tejido comunitario deben ser parte central de cualquier estrategia de seguridad.
El alcalde de Renca, Claudio Castro, y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, abrieron la jornada planteando que la seguridad es una disputa que el progresismo debe dar con una propuesta propia, en la que la prevención temprana y el control del delito avanzan juntos. “Sabemos que los municipios no podemos solos, porque no tenemos la capacidad financiera para sostener sistemas preventivos que fortalezcan los factores protectores antes de que algo exponga a los niños y jóvenes. Todos los que estamos acá sabemos que esa es la inversión más rentable en términos sociales”, señaló Castro.
Laura Vásquez Brenes, supervisora técnica nacional de los Centros Cívicos por la Paz del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, presentó un modelo que hoy funciona en 11 sedes y sumará otras cuatro en 2027. En este esquema, el gobierno central financia la infraestructura y la oferta programática, mientras que los municipios se encargan de mantener y cuidar los espacios. Según Vásquez, atender a un joven en un centro cívico cuesta casi nueve veces menos que mantenerlo privado de libertad. Además, en los territorios donde opera el programa Profe Comunitario, la exclusión escolar ha disminuido de forma significativa.
Desde Brasil, Monalyza Alves, asesora técnica de UNODC para Pronasci Juventude, detalló un programa de protección social para adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, con 9.800 cupos en 15 estados del país. El programa ofrece un recorrido de doce meses que combina acompañamiento profesional, talleres, continuidad educativa e inclusión laboral, junto a un apoyo económico mensual que asegura condiciones básicas, como la alimentación, para que los jóvenes puedan sostener su proceso.
En la conversación participaron la ex ministra Adriana Delpiano, la diputada Tatiana Urrutia, el ex director nacional del Servicio de Protección Especializada, Claudio Castillo, y el ex seremi de Educación del Maule, Francisco Varela, además de representantes de la Fundación Viento Surgente, Fundación Colunga y del Centro UC Justicia y Sociedad. Los asistentes coincidieron en la urgencia de construir indicadores que permitan justificar la inversión pública en prevención y en reforzar el vínculo entre escuela, familia y comunidad.
Al cierre, Castro propuso dar continuidad a la mesa de manera regular desde Trama. “La discusión pública suele quedarse en la vuelta corta de la sanción. Nosotros tenemos que darnos la vuelta larga, la misma que necesitan niños y niñas para proteger sus trayectorias, y aquí están todos los actores que pueden darle continuidad a esta conversación”, afirmó.
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